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El Impuesto de Sociedades, que grava las rentas obtenidas por las personas jurídicas, está copando numerosos titulares en la prensa económica de julio y no sólo porque el plazo de presentación del mismo vaya del día 1 al 25 de este mes. El anuncio del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, de incrementar el tipo mínimo en los pagos fraccionados de abril, octubre y diciembre ha sido una de las principales noticias de las últimas semanas, así como la discusión posterior sobre si esta medida supone o no un incremento fiscal o no.

Estrictamente hablando no se trataría de una subida de impuestos aunque el efecto para las empresas podría ser el mismo dado que, aunque a la hora de presentar la declaración del ejercicio la cuota a pagar será menor o se tendrá derecho a devolución, esa cantidad de dinero pasa durante el año de estar disponible para las empresas a la caja de Hacienda.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que “habrá que ver cómo se acomoda legalmente y, sobre todo, cómo se articula técnicamente para que no se produzcan situaciones injustas que puedan causar problemas de liquidez a las empresas”. Los fiscalistas del Consejo General indican que los 6.000 millones que se quieren recaudar anticipadamente de esta manera suponen un incremento en el pago del impuesto de más del 30%. De llevarse finalmente a cabo, esta medida afectaría a alrededor de 30.000 de los casi millón y medio de declarantes: las empresas que tienen ingresos superiores a seis millones y que, según datos de la Agencia Tributaria, aportan el 86% de la recaudación total.

Por otro lado la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) reclamó recientemente la simplificación y adelanto de los modelos del impuesto de sociedades y puso de manifiesto una serie de trabas e inconvenientes que, desde la Administración, dificultan los procesos de cumplimiento fiscal.

En primer lugar, AEDAF señala que la Administración aprueba los modelos y ficheros necesarios apenas unos días antes de la apertura del plazo de presentación, lo que impide que las empresas puedan preparar la documentación con tiempo suficiente. Además, añade la asociación, para el correcto uso de estos modelos es necesario conocer el manual práctico y los diseños de registro, que se publican con posterioridad y sin apenas tiempo para su estudio.

Los asesores fiscales mantienen también que a lo largo de los últimos años se ha incrementado exponencialmente la información a incluir en los modelos, lo que dificulta la tarea de cumplimentar la declaración en forma y plazo. Por ello, AEDAF solicita que se anticipe la publicación de la Orden Ministerial que aprueba los modelos 200-220, sus diseños y el manual práctico, y que se intente simplificar todo el proceso, citando para ello el artículo 3,2 de la Ley General Tributaria, que establece que “la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios”.

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