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El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 20 de mayo la reforma de la Ley de Auditoría con 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El texto ha generado una notoria polémica, tanto por las quejas de los profesionales del sector como por los grupos parlamentarios, que afirman que ha faltado consenso en su aprobación.

En una nota emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA), ambas corporaciones máximas representantes de los auditores, se afirma que el actual texto del proyecto de ley “requiere significativas mejoras técnicas en aras de aumentar la transparencia de la información financiera y la calidad de las auditorías”.

Los auditores consideran que la nueva ley va a contracorriente de Europa y que no recoge “observaciones muy importantes del Consejo de Estado, algunas calificadas por el propio Cuerpo Consultivo de esenciales”. ICJCE y REA-REGA advierten de otros fallos en la norma, como que está enfocada hacía su aplicación en bancos, compañías de seguros y compañías cotizadas y que sólo beneficiará a los grandes despachos de auditoría. Los pequeños y medianos clientes sufrirán sobrecostes en los servicios y los pequeños y medianos despachos se verán perjudicados por medidas en claro detrimento hacia ellos, como el establecimiento del límite de facturación aportado por un cliente.

Otros problemas que presenta según el comunicado emitido son: “El imposible cumplimiento del régimen de independencia y de incompatibilidades previsto, el establecimiento de la prohibición de la presencia de profesionales con experiencia reciente en auditoría en el Comité consultivo del ICAC o la inseguridad jurídica que se deriva de la redacción del régimen sancionador”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que pasará con la nueva Ley a supervisar las comisiones de auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP), también se ha posicionado en contra del texto, ya que supondría una elevada carga de trabajo adicional, para el que no tienen medios humanos disponibles y que, además, se extralimita de sus funciones, tal y como también defiende el sector de la gran empresa familiar.

Desde Taxfinco estamos convencidos que la reforma legislativa pretendida por el Gobierno no puede llevarse a cabo al margen de la profesión y confiamos en que las Coorporaciones representativas de los auditores logren consensuar con todos los partícipes involucrados en la citada reforma, los cambios necesarios para que el futuro texto legislativo que regule la Auditoría de Cuentas, logre que la auditoría sea entendida como una herramienta para dotar de transparencia y calidad a la información económico-financiera de nuestros clientes, sin olvidar que el 99,88% del tejido empresarial está constituido por PYMES (Fuente: INE, DIRCE 2014 (datos a 1 de enero de 2014),), sin que la presión regulatoria, en relación al régimen de independencia, incompatibilidades y sancionador, vaya en claro detrimento de los pequeños y medianos despachos de auditoría.

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